El último Country Report difundido por Crédito y Caución afirma que Túnez no ha sabido afrontar los principales desafíos económicos enfocados a asentar las bases de su crecimiento a medio plazo. En 2018 y 2019, Túnez cerrará con un crecimiento del 2,5% y el 1,8%, respectivamente. Estas tasas resultan insuficientes en un escenario en el que la tasa de desempleo alcanza el 15% y las tensiones sociales dificultan las perspectivas a medio plazo del país.

En 2016, Túnez activó un programa del FMI, pero este se ha implementado de forma muy débil. La economía de Túnez mantiene una gran dependencia de la asistencia internacional para financiar sus déficits. Según el informe difundido por la aseguradora de crédito, cualquier desembolso no realizado por el FMI, en base al incumplimiento de los objetivos del programa, podría tener un impacto muy negativo. Por otro lado, las protestas y huelgas se producen de forma habitual, dificultan el clima de inversión del país e interrumpen las operaciones comerciales. El programa del FMI guiará una reducción gradual del déficit presupuestario en 2018 y 2019, sin embargo, la deuda pública aumentó al 70% del PIB en 2017. Además, es importante destacar que esta deuda pública es muy vulnerable a las fluctuaciones del tipo de cambio, ya que el 65% está nominada en moneda extranjera.

Debido al aumento del precio de los alimentos y a la debilidad de la moneda, la inflación está aumentando en 2018, lo que disminuye la capacidad de compra en los hogares. Además, el banco central ha aumentado de forma adicional los tipos de interés con el objetivo de combatir la inflación, lo que podría afectar negativamente al crecimiento. El sector financiero se encuentra muy débil y el nivel de créditos a morosos es muy elevado. Ante esta situación, es imprescindible aplicar reformas estructurales que aceleren el crecimiento y reduzcan la tasa de desempleo. El informe subraya la necesidad de hacer frente a la burocracia, reducir la corrupción y reformar los sistemas de impuestos y subsidios de cara a una mejora de las condiciones económicas. La reforma fiscal plantea como puntos prioritarios la reforma de las instituciones públicas ineficientes y la contención de la masa salarial pública.

 

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